El desplazamiento interno en Colombia, así como otras tragedias, es el resultado de la guerra que ha estado librando entre el gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los paramilitares de derecha, durante los últimos 50 años. Las raíces del conflicto comenzaron en la década de 1940, cuando el candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán Ayala se convirtió en el favorito como candidato populista durante las elecciones de 1948 y parecía que iba a ganar. El 9 de abril de 1948 Gaitán fue asesinado. Su asesinato desencadenó una serie de disturbios en Bogotá llamados El Bogotazo, donde aproximadamente 5,000 personas fueron asesinadas en un período de 10 horas, destruyendo el centro de Bogotá. La violencia en Bogotá eventualmente se extendió al campo donde grupos de los partidos conservadores y liberales continuaron luchando en un período conocido como La Violencia que duró hasta 1958 con más de 300,000 colombianos asesinados.
Durante La Violencia, la falta de protección del Estado obligó a muchas comunidades rurales a organizar grupos de autodefensa campesina que eventualmente se transformaron en movimientos de resistencia marxistas ideológicamente más grandes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros. Estos grupos de autodefensa se designaron a sí mismos como protectores de los campesinos o campesinas, y eventualmente confrontaron al Estado mientras intentaba reafirmar el control en áreas donde los grupos de autodefensa habían llenado el vacío de mantener la ley y el orden. El grupo más grande de autodefensas, las FARC, se organizó formalmente como una fuerza armada en 1964 y ha sido la facción principal que actualmente lucha contra el gobierno colombiano. En respuesta al secuestro y extorsión de las FARC en la década de 1980, los ricos ganaderos y los cárteles de la droga financiaron ejércitos privados conocidos como paramilitares para resistir a las FARC. Estos grupos paramilitares se alinearon con el gobierno y han sido utilizados para llevar a cabo masacres, violaciones, secuestros e intimidación de comunidades consideradas simpatizantes de las FARC. Este enfrentamiento entre el gobierno, las FARC y los paramilitares es la principal causa del desplazamiento de Colombia, dejando a cerca de cinco millones de colombianos huir por su seguridad. El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un acuerdo en 2016 para poner fin a su conflicto armado de 52 años. El acuerdo brinda una oportunidad histórica para frenar los abusos contra los derechos humanos, pero su componente de justicia contiene serias deficiencias que corren el riesgo de permitir que los criminales de guerra escapen a la justicia. Al momento de escribir, la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema judicial que las partes crearon para juzgar abusos durante la guerra, aún no se había puesto en marcha. En junio de 2017, la misión de las Naciones Unidas en Colombia verificó que las FARC habían entregado sus armas y se habían desmovilizado. Sin embargo, los civiles continúan sufriendo graves abusos por parte de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares sucesores que surgieron luego de un proceso de desmovilización hace una década. Así mismo, ha habido un grupo de excombatientes de las FARC que retomaron las armas, reconocidos como Disidencias de las FARC. La violencia asociada con el conflicto ha desplazado a la fuerza a más de 7.7 millones de colombianos desde 1985, generando la mayor población mundial de desplazados internos (PDI). Los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas, los periodistas, los líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios se enfrentan a amenazas de muerte y violencia, en su mayoría de guerrillas y grupos sucesores. Los perpetradores de estos abusos raramente son responsables [1]. [1] Human Rights Watch, World Report 2012, (revisado en abril de 2018), available from https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/colombia |